El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid ha condenado a la aseguradora Sanitas a indemnizar con 15.800 euros a una paciente por no realizar estudios diagnósticos previos a una intervención de neurocirugía y por no informar de los riesgos
La víctima fue intervenida el 4 de mayo de 2011 como consecuencia de una espondilotistesis.
Antes de realizar la operación no se llevaron a cabo los estudios radiológicos necesarios para determinar el alcance de la lesión.
Antes de realizar la operación no se llevaron a cabo los estudios radiológicos necesarios para determinar el alcance de la lesión.
Tampoco se informó a la paciente de los riesgos de la cirugía de manera adecuada y el consentimiento informado, además de resultar insuficiente, fue exhibido y firmado el mismo día de la operación.
La evolución postquirúrgica fue insatisfactoria por lo que el 12 de mayo de 2011 fue necesario reintervenir para hacer lo que no se había realizado en la primera cirugía y descomprimir el nervio. No se informó a la paciente de los riesgos y no se le exhibió ningún consentimiento informado a pesar de que la operación aumentaba el riesgo de sufrir un desgarro de la duramadre.
La resolución estima los argumentos expuestos por el abogado de la citada asociación, apuntando que existió “una deficiente valoración de las pruebas diagnósticas previas a la primera cirugía consistentes en la no realización de las radiografías laterales en flexoextensión, lo que habría evitado la duplicidad de intervenciones con el agravamiento de los riesgos”.
Además, agrega que hubo “una clara infracción de la Ley 41/2002 antes de la realización de la 2a intervención consistente en la falta de consentimiento informado a pesar de que ambas operaciones eran muy diferentes y tenían riesgos distintos”.
En el curso del procedimiento se le ha reconocido una incapacidad Permanente con una Minusvalía del 50 %. En consecuencia, los Servicios Jurídicos de ‘El Defensor del Paciente’ interpondrán una nueva demanda para reclamar estos daños que no se reclamaron previamente, además de los perjuicios morales a familiares.
La resolución estima los argumentos expuestos por el abogado de la citada asociación, apuntando que existió “una deficiente valoración de las pruebas diagnósticas previas a la primera cirugía consistentes en la no realización de las radiografías laterales en flexoextensión, lo que habría evitado la duplicidad de intervenciones con el agravamiento de los riesgos”.
Además, agrega que hubo “una clara infracción de la Ley 41/2002 antes de la realización de la 2a intervención consistente en la falta de consentimiento informado a pesar de que ambas operaciones eran muy diferentes y tenían riesgos distintos”.
En el curso del procedimiento se le ha reconocido una incapacidad Permanente con una Minusvalía del 50 %. En consecuencia, los Servicios Jurídicos de ‘El Defensor del Paciente’ interpondrán una nueva demanda para reclamar estos daños que no se reclamaron previamente, además de los perjuicios morales a familiares.